Quienes nos estafaron por 30 años no pueden hacer ahora una Constitución para el pueblo
Enrique Villanueva M
Si
algo quedó claro el 18 de octubre, cuando un grupo de estudiantes
levantaron la consigna de “evadir no pagar, otra una forma de luchar”,
resistiéndose a pagar el alza en la tarifa del metro, es que tuvieron el
coraje de rebelarse ante reglas injustas y abusivas. Reglas que, a
todos y todas, nos golpeaban y nos hacían la vida difícil día a día,
pero que adormecidos por el conformismo, la desesperanza o el miedo, las
aceptamos.
Fue
la rebelión estudiantil las que nos recordó que durante los 17 años de
dictadura y luego por los restantes 30 años de gobiernos democráticos,
vivimos exigidos por un sistema económico que es violento, en el cual el
individuo es la persona individual y el provecho ha de ser
cuantificable en dinero o bienes materiales. Un sistema que durante
todos estos años perfeccionaron, algunos de los cuales hoy levantan la
voz, intentando apropiarse de logros, como el de hacer del sentir por
una nueva constitución un reclamo nacional, lo que sin la movilización
social no hubiera sido posible.
Fue
en los gobiernos de Aylwin, de Frei, de Lagos y Bachelet que el modelo
económico que nos impusieron a balazos, fue administrado y perfeccionado
con el aporte decisivo de la mayoría de los parlamentarios que hoy
aparecen firmando el “acuerdo por la paz social y la nueva
Constitución”.
Perfeccionando
leyes, que no necesariamente estaban amarradas a los vetos de al
Constitución actual, sino que leyes aprobadas por quórums simples la
mayoría de ellas, que impactan negativamente en nuestro diario vivir, en
la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país:
en los sueldos, en las deudas, en las pensiones.
Vale
la pena recordar algunos de esos aportes y que respaldan las razones de
la baja credibilidad, de quienes hoy pretenden erigirse como los
pacificadores de una guerra declarada, irresponsablemente por el
Presidente de la República, desatando una represión y la violación
sistemativa a los derechos humanos en nuestro pais.
Cuando
Pinochet dejó el gobierno, en 1990, el 90% de la producción del cobre
estaba en manos del Estado. Hoy menos de un tercio del cobre lo produce
Codelco, un proceso de desnacionalización protagonizado por los
gobiernos de Aylwin y Frei a favor de empresas transnacionales, las que
corrompieron a los dirigentes de los diferentes gobiernos de la
Concertación y de la derecha para lograr sus fines.
Al
inicio de la Transición un tercio de la generación eléctrica estaba en
manos del Estado. Posteriormente todas estas empresas fueron
privatizadas, tal cual sucedió con las empresas sanitarias y de los
puertos, con las autopistas, entregandoselas a privados nacionales y
extranjeros con un alto y abusivo costo para el ciudadano y ciudadana
común.
El
negocio de las AFP, hasta 1990 se les permitia invertir hasta el 10% de
los fondos de pensiones en el extranjero, durante el gobierno de la
Presidenta Bachelet se les autorizó aumentar el porcentaje invertido en
el extranjero hasta el 80% de los fondos.
Posteriormente
se les eximió del IVA y se les aumentó la comisión, es decir con leyes
aprobadas en el parlamento, se les mejoró el negocio, hoy en manos de
transnacionales financieras y de seguros.
En
la educación, hasta 1990 las universidades privadas no recibían
créditos del Estado, ni los estudiantes créditos con aval del Estado,
hoy estas universidades privadas se han expandido gracias a los créditos
del Estado. Durante los 30 años de gobiernos democráticos tutelados, se
fortaleció la educacion privada, mediante leyes ordinarias, aprobadas
sin quórum calificado y en consenso, en el Congreso Nacional, entre la
derecha y la Concertación.
En
cuanto a la reforma tributaria, durante los gobiernos de la
Concertación se hicieron numerosas modificaciones que favorecen a los
ricos con exenciones de impuestos, además que, con la reforma tributaria
del 2014, Bachelet bajó el último tramo del global complementario que
era de 40% y a 35%, lo que favoreció al universo del 10% de los más
ricos.
En
cuanto a las leyes laborales, todos los Presidentes de la Concertación
pudieron restablecer el derecho de huelga, que hoy no existe, bajar la
semana de trabajo a 40 hrs. se pudo haber establecido que los
trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores
de las empresas mandantes. Se pudo haber establecido le negociación
colectiva por rama o sector, etc. Teniendo mayoría para hacerlo, dichas
reformas no se hicieron a pesar que para hacerlo los parlamentarios solo
requerían de quorum simple e iniciativa presidencial.
A
la luz de todos estos ejemplos, será posible confiar en una clase
política que por años ha estado legislando para perfeccionar el sistema
económico, para hacerlo más eficiente, favoreciendo a los grandes
empresarios para que aumentaran sus riquezas, a costa de largas horas de
trabajo para los trabajadores y trabajadoras, sobreviviendo con sueldos
miserables y cada vez, con menos protección y regulaciones laborales a
su favor.
Difícil
es pensar, que recién ahora, se dieron cuenta que mientras las AFP
aumentan año a año sus ganancias siderales, nos entregan pensiones
miserables, muchas de ellas inferiores al sueldo mínimo. Simplemente ya
no podemos creer en políticos que se corrompieron con las empresas que
pagaban sus campañas políticas, a cambio de legislar y sacar leyes que
protegían la colusión, el robo y la explotación barata de nuestras
riquezas naturales.
Chile
cambió y en esta nueva realidad ya no caben pactos ni alianzas, como el
recientemente firmado, alianzas cocinadas por cúpulas entre cuatro
paredes, porque se corresponden con métodos y formas de conducción
social donde la opinión y las necesidades del pueblo son de carácter
secundario o no tienen validez, frente a la necesidad de mantener
funcionando el sistema. Hoy somos actores vivos, somos el pueblo
movilizado, que esta haciendo política, ya no somos el pueblo pasivo que
recibe los efectos perversos de la mala política, que usa nuestras
demandas sin atenderlas ni resolverlas.
Hoy
estamos frente a un despertar ciudadano profundo, que aun no entienden
solo quienes firmaron el ‘pacto por la paz’. Los jóvenes de nuestro país
removieron todo y hay que seguir removiendo todo, es un remezón que nos
volvió al centro de nuestro esencia, recordándonos que somos seres
sociales y no productos o clientes que responden a la libertad del
mercado.
El
movimiento social es tan amplio como el reclamo por la desigualdad y el
abuso, abarca toda la sociedad, representa un arco amplio que no es de
derecha o de izquierda sino que chilenos y chilenas que se mueven detrás
de las banderas del “perro mata paco”, del “Pikachu” y de otros
símbolos, entre los cuales aparece la imagen de Víctor Jara, la bandera
mapuche y “el encapuchado defensor de multitudes”, el escudo de
“Pareman”, el que sin temor y sin armas, le hace frente a la represión
policial.
En
síntesis recuperamos nuestra capacidad de hacer política, de hablar de
política con el o la vecina, organizándonos en el barrio, en el
condominio, para luchar por nuestra verdadera realización, que tiene
lugar en fructífera y solidaria sintonía con los demás, que es lo que
estamos haciendo ahora, reclamando derechos que nos fueron conculcados,
como individuos y como sociedad, en democracia.
Por
todo esto es que QUEREMOS CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN, pero sin trampas,
sin vetos preestablecidos, ni con instituciones o minorías que
neutralicen los cambios que el país necesita.
Lo
que buscamos es cambiar, no remendar, la Constitución, y que sea
diseñada por una Asamblea Constituyente, porque es la manera de
construir la sociedad distinta que necesitamos. Cuando exigimos Asamblea
Constituyente es porque los ciudadanos y ciudadanas nos hacemos cargo
de la política y de manera directa. Nos hacemos cargo de todo lo que la
política formal, a través de políticos que se transformaron en casta de
privilegiados, no tomaron ni tomaran en cuenta, porque cada uno de
nuestros intereses bloquean o rompen sus círculos de interés.
Por
eso reclamamos el derecho a participar en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE,
porque es la manera de avanzar hacia una democracia participativa, pues
ya no se puede hablar de democracia si no es participativa.
A
estas alturas, no es suficiente meter cada cuatro años un voto en una
urna, para elegir a políticos que a poco andar se olvidan de lo que nos
prometieron, hoy queremos participar también en las decisiones que
determinan nuestro futuro.
EL
ACUERDO POR LA PAZ NO CONTIENE NADA DE ESTO, es un arreglo por arriba,
entre dos actores totalmente desprestigiados, sin credibilidad ante la
ciudadanía y que a ojos del pueblo movilizado, son parte del problema y
no de las soluciones. Es un acuerdo con un título grandilocuente, que
intenta apropiarse de la exigencia hecha por el pueblo movilizado para
diseñar una Constitución, excluyéndolos de la mesa de negociaciones.
En
suma, el pacto por la paz es “un volador de luces” que ayuda a lavar la
imagen del gobierno, arrinconado por la presión popular en las calles y
asustado por el deterioro de la imagen del país en el mundo. Un
gobierno que es señalado como autoritario, que le declaró la guerra al
movimiento social y que es condenado por la brutal represión que ha
desplegado Carabineros en contra de los manifestantes.
Pero
hay algo muy importante y que no puede quedar debajo de la alfombra,
con el discurso redundante de “condenar la violencia, venga de donde
venga”, lo que ha hecho el gobierno es respaldar y validar la brutalidad
con que la fuerza policial ha actuado en contra de los manifestantes,
pretendiendo vincular los saqueos y los actos de vandalismo a la
movilización social. Pero la evidencia muestra lo contrario, las
víctimas de la represión, los heridos y mutilados en sus ojos, las
jóvenes violadas, los asesinados y asesinadas, no son vándalos ni
delincuentes, son estudiantes, jóvenes trabajadores y trabajadoras,
chilenos y chilenas que salieron a manifestarse a las calles.
Este
justo reclamo en contra de la impunidad, no está considerado en el
pacto por la paz, ni tampoco supone un compromiso explicito e
irrenunciable, para aclarar todas la violaciones a los derechos humanos
cometidas por carabineros y militares. Tampoco incluye una condena
explícita a quién o quienes, declararon la guerra a un supuesto enemigo
“poderoso y organizado”, pero inexistente, una guerra inventada por el
gobierno para sacar a los militares a la calle y contener la
movilización social.
Tenemos
que hacer esfuerzos para que no se continúe dañando la convivencia
nacional, permitiendo que la impunidad nuevamente postergue el ejercicio
de la justicia y se continúe corroyendo la democracia.
La
impunidad deterioró al país en los 30 años pasados, transformó la
democracia en una quimera, arrinconando a la mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas en la desesperanza, el abuso y la corrupción a la vez que
entregaron el país a la voracidad neoliberal.
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